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Días de licencia, del 1 de mayo al 21 de agosto de 2026
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Personas reportadas como desaparecidas en Sinaloa durante su gestión
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Días que le quedan de mandato, hasta el 31 de octubre de 2027
Volvió al palacio. El expediente sigue abierto
Regresó tras 112 días y proclamó que vuelve con la frente en alto. Aquí está lo que el regreso sí cambia, lo que no cambia, y una cifra que nadie está poniendo al lado.
Qué pasó, en palabras simples. El 28 de abril el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó la detención provisional con fines de extradición de Rubén Rocha Moya y otras nueve personas, por cargos de conspiración para importar narcóticos y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos. El 1 de mayo pidió licencia. El 15 de mayo dos de los señalados se entregaron voluntariamente a la justicia estadounidense. El 16 de mayo la unidad financiera mexicana congeló cuentas de su entorno. El 26 de mayo comparecio ante la fiscalía en Culiacán. Y el 21 de agosto, 112 días después, retomó el cargo sin avisar a la Presidencia ni a la dirigencia de su partido.
Lo que el regreso sí cambia y lo que no. Sí cambia una cosa: volver al cargo le restituye el fuero constitucional, que lo coloca fuera del alcance directo de la fiscalía mexicana mientras dure su mandato. No cambia nada de lo demás: la solicitud estadounidense sigue vigente, las carpetas de la fiscalía sobre las diez personas siguen abiertas, y las penas que contemplan esos cargos van de un mínimo de cuarenta años hasta cadena perpetua. La Secretaría de Gobernación lo dijo con una frase que conviene leer dos veces: la decisión responde exclusivamente a una determinación de carácter personal.
Y el dato que nadie está conectando con esta noticia. Durante su gestión, entre noviembre de 2021 y su separación del cargo en mayo pasado, se reportaron 5 mil 26 personas desaparecidas en Sinaloa. De ellas, 2 mil 553 seguían sin ser localizadas y 413 fueron encontradas sin vida. Las personas desaparecidas y no localizadas por año pasaron de 270 en 2022 a 951 en 2025: un aumento de 252 por ciento.
Son tres personas desaparecidas por cada día que duró su gobierno. Esa cifra no prueba un delito, pero es el contexto que faltaba en la conversación de ayer.
La reacción política, que también hay que consignar completa. Morena emitió un posicionamiento escrito señalando que su dirigencia no tuvo conocimiento previo y que se deslinda de la decisión. Los gobernadores del oficialismo publicaron un pronunciamiento llamándolo a la madurez y la responsabilidad. El líder del Partido Verde en el Senado exigió su renuncia y calificó el regreso de torpeza. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados le pidió reconsiderar y volver a solicitar licencia. Rocha Moya sostiene que es ajeno e inocente, que la fiscalía no encontró elementos mínimos de prueba en su contra y que vuelve con la frente limpia y en alto.
El tablero. El orden en que ocurrió, porque el orden es el argumento. Washington sube la apuesta con el hijo del expresidente y el Estado mexicano responde reinstalando a un gobernador imputado por narcotráfico. Farías aterrizó a las tres de la mañana. Rocha volvió a las diez. Nadie regresa a un palacio de gobierno sin permiso. Y aquí está la parte que hay que decir con precisión: el regreso no elimina la orden internacional en su contra, las cuentas de su entorno siguen bloqueadas, y lo que consiguió con esta decisión es el mejor pretexto posible para lo que viene. Dos de los diez señalados ya están hablando con fiscales estadounidenses. El valor de lo que puedan ofrecer los ocho restantes baja cada semana que pasa. Por eso llevo tres semanas escribiendo que estos expedientes se aceleran solos: no los mueve la política, los mueve la aritmética.
Rubén Rocha Moya conserva la presunción de inocencia. Una acusación formal no constituye determinación de culpabilidad y ningún tribunal ha resuelto los cargos. El gobierno mexicano ha solicitado de manera reiterada a las autoridades estadounidenses que aporten las pruebas que sustenten los señalamientos. Las cifras de personas desaparecidas describen el periodo de su gestión y no atribuyen responsabilidad penal a ninguna persona. Toda persona mencionada conserva la presunción de inocencia.
Un contraalmirante llegó custodiado a las tres de la mañana. Un gobernador entró caminando a su palacio a las diez. Los dos aparecen en expedientes abiertos con Estados Unidos, el mismo día, en el mismo país. La diferencia entre uno y otro no es la gravedad de lo que se les imputa: es quién conserva un cargo. El fuero no absuelve a nadie, pero decide quién espera el proceso adentro y quién lo espera detrás de un escritorio.
