De las observaciones millonarias de la ASF a las denuncias ante la Fiscalía y los procesos políticos: qué se ha señalado, qué fue solventado y qué continúa abierto
La administración de Abelina López Rodríguez al frente del Ayuntamiento de Acapulco ha estado acompañada, desde su primer periodo constitucional, por una sucesión de auditorías, observaciones al gasto público, procedimientos administrativos, controversias constitucionales y denuncias ante autoridades ministeriales y legislativas.
López Rodríguez encabezó el Ayuntamiento durante el periodo 2021-2024 y posteriormente inició un segundo periodo constitucional en 2024. A lo largo de ambos ejercicios de gobierno, distintos órganos fiscalizadores han señalado presuntas deficiencias en el manejo, comprobación, contratación y ejercicio de recursos públicos.
Sin embargo, existe una precisión indispensable: no todos los montos observados representan dinero robado o un desfalco acreditado. Las auditorías establecen cantidades pendientes de aclarar, posibles daños a la Hacienda Pública, solicitudes de aclaración o responsabilidades que posteriormente pueden ser solventadas, modificadas o confirmadas.
2021: EL PRIMER AÑO Y LAS OBSERVACIONES DE LA ASF
La primera gran señal de alerta documentada corresponde a la Cuenta Pública 2021, primer año de gobierno de Abelina López.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 64 millones 150 mil 345.80 pesos.
Entre los hallazgos se incluyeron pagos a empresas por servicios de recolección de residuos cuya prestación no habría sido acreditada documentalmente; trabajos que no correspondían con los conceptos y volúmenes contratados; pagos relacionados con equipos de bombeo cuya documentación fue cuestionada; volúmenes adicionales de obra sin autorización suficiente, así como irregularidades en procedimientos de adjudicación y contratación.
La auditoría revisó 20 contratos: 15 de obra pública y cinco de servicios.
La ASF determinó además promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y pliegos de observaciones.
Es decir, desde el primer ejercicio fiscal de la administración quedó registrada una advertencia federal sobre la forma en que el municipio contrataba y comprobaba determinados gastos.
2022: MÁS DE 520 MILLONES OBSERVADOS POR LA ASE
El siguiente episodio correspondió a la fiscalización estatal del ejercicio 2022.
La Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE) observó originalmente alrededor de 520 millones de pesos.
El gobierno municipal sostuvo que no se trataba de un desfalco ni de irregularidades comprobadas, sino principalmente de observaciones administrativas y documentales.
Posteriormente, el Ayuntamiento informó que había presentado documentación para solventar 520 millones 377 mil 165 pesos, entregando, según su propia versión, una USB certificada, un CD y 51 legajos documentales.
Este punto resulta fundamental: el monto de 520 millones no puede presentarse actualmente como dinero robado o definitivamente desviado, porque el Ayuntamiento informó que esas observaciones fueron atendidas.
2023: EL CONFLICTO POR 898.6 MILLONES DE PESOS
Uno de los episodios más importantes ocurrió con la fiscalización de recursos federales ejercidos durante 2023.
La ASE de Guerrero ordenó revisar recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN).
El Ayuntamiento se negó a entregar la información solicitada, argumentando que la fiscalización de esos recursos federales correspondía a la Auditoría Superior de la Federación.
La ASE continuó con el procedimiento y posteriormente emitió un informe en el que señaló 898.6 millones de pesos, equivalentes al 100 por ciento de la muestra auditada del FAISMUN, ante la falta de documentación proporcionada para acreditar el ejercicio de los recursos.
En junio de 2025, la ASE presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público.
López Rodríguez respondió mediante recursos legales y promovió una controversia constitucional.
¿QUÉ RESOLVIÓ LA SUPREMA CORTE?
En julio de 2026 ocurrió un giro jurídico decisivo.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, en ese caso concreto, la ASE de Guerrero carecía de facultades para fiscalizar directamente esos recursos federales, al corresponder esa competencia a la ASF.
La Corte dejó sin efecto los actos de revisión y las posibles sanciones derivados de esa actuación estatal.
Pero la resolución no significó que los recursos quedaran exentos de fiscalización: el máximo tribunal señaló que podían ser auditados por la autoridad federal competente.
Por ello, presentar los 898.6 millones como un “desfalco comprobado” sería incorrecto.
2024: LA ASF VUELVE A ENCONTRAR OBSERVACIONES MILLONARIAS
La Cuenta Pública 2024 volvió a colocar al Ayuntamiento de Acapulco bajo el escrutinio de la ASF.
La Auditoría Federal determinó 206 millones 217 mil 857 pesos pendientes de aclarar, dentro de una auditoría sobre un universo de aproximadamente 1,348.6 millones de pesos.
La ASF concluyó que el municipio no realizó una gestión eficiente de los recursos del gasto federalizado.
Entre los principales hallazgos aparecen:
- 20.02 millones de pesos pendientes de justificar en pagos de servicios personales.
- 127.67 millones de pesos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y servicios cuya materialidad no fue acreditada documentalmente.
- 58.53 millones de pesos vinculados con observaciones en contratos de obra pública.
- Pagos por encima de tabuladores autorizados.
- Falta de actas de entrega-recepción.
- Falta de evidencia de funcionamiento de bienes y servicios.
- Ausencia de determinados expedientes, inventarios y resguardos.
- Facturación anticipada.
- Bitácoras inconsistentes.
- Falta de pruebas de laboratorio.
- Obras con tiempos de ejecución cuestionados.
- Contratos otorgados a empresas de reciente creación sin que, según la auditoría, se acreditara suficientemente su capacidad financiera o experiencia.
- Promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria relacionadas con servidores públicos y particulares.
Estos hallazgos son especialmente relevantes porque corresponden a un ejercicio fiscal en el que Abelina López continuaba al frente del municipio.
2025: LA DENUNCIA POR LOS 898 MILLONES Y LA BATALLA JURÍDICA
Durante 2025 el conflicto entre el Ayuntamiento y la ASE escaló.
La Auditoría estatal denunció a la alcaldesa por la falta de entrega de documentación relacionada con los recursos federales de 2023.
López Rodríguez obtuvo una suspensión provisional para evitar una eventual detención derivada de esa denuncia, mientras se resolvía el conflicto competencial.
La alcaldesa sostuvo que se trataba de una persecución política y defendió su negativa a entregar información a la ASE bajo el argumento de que correspondía a la ASF realizar esa fiscalización.
JUICIOS POLÍTICOS Y REVOCACIÓN DE MANDATO
Los problemas de la alcaldesa no se limitaron al terreno fiscal.
En el Congreso de Guerrero se promovieron procedimientos de responsabilidad política y revocación de mandato.
Uno de los juicios políticos estuvo relacionado con el incumplimiento de pagos derivados de laudos laborales.
En septiembre de 2025, el Congreso determinó improcedente esa solicitud al considerar que no existían elementos suficientes para admitirla.
Posteriormente se presentó una nueva solicitud de juicio político, suscrita por 19 personas.
De acuerdo con reportes legislativos, López Rodríguez llegó a acumular dos solicitudes de juicio político y una de revocación de mandato.
2026: UNA NUEVA INVESTIGACIÓN POR PRESUNTO COHECHO
A comienzos de 2026 apareció un expediente de naturaleza distinta.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Guerrero abrió una carpeta de investigación por presunto cohecho relacionada con un collar de la marca Van Cleef & Arpels, cuyo valor reportado rondaba los 227 mil pesos.
La investigación fue iniciada a partir de una denuncia presentada por Ramiro Solorio Almazán.
La carpeta quedó registrada con el número 12022200300020071125, de acuerdo con documentos citados por El Sur, y se solicitó que López Rodríguez acudiera a declarar.
El hecho, nuevamente, debe describirse como una investigación por presunto cohecho, no como un delito ya acreditado judicialmente.
2026: LA ASF Y LOS 282.1 MILLONES
En septiembre de 2026 surgió una nueva controversia.
Información difundida a partir de reportes de auditoría señala que la ASF detectó observaciones correspondientes a los ejercicios 2021, 2022 y 2024, cuyo monto acumulado se ubica alrededor de 282 millones 168 mil pesos.
El mayor componente corresponde a 2024, con 206.2 millones de pesos.
Para 2021 se reportan observaciones superiores a 72 millones de pesos en distintos conceptos, mientras que para 2022 aparece una observación de alrededor de 3.89 millones de pesos en recursos federales utilizados en programas cuestionados por la auditoría.
La propia Abelina López rechazó que esos 282 millones puedan calificarse como un desfalco.
Su argumento central ha sido que una observación de auditoría no equivale automáticamente a un desfalco, y que algunos señalamientos ya fueron solventados mientras otros continúan dentro de los procedimientos institucionales.
LA OTRA CARA: CONTRATOS Y EMPRESAS
Además de los informes de auditoría, investigaciones periodísticas han documentado cuestionamientos sobre determinados contratos otorgados durante la administración municipal.
Una investigación de EL CEO señaló que durante 2025 el Ayuntamiento habría adjudicado más de 400 millones de pesos a empresas de reciente creación o con cuestionamientos sobre experiencia y capacidad.
El reportaje identificó, entre otros casos, 43 contratos por más de 159 millones de pesos para una contratista relacionada con renta de maquinaria pesada.
También señaló contratos otorgados a empresas jóvenes y adjudicaciones a compañías que habían sido señaladas previamente por autoridades en otros contextos.
Estos señalamientos corresponden a una investigación periodística, por lo que tampoco deben confundirse con una sentencia judicial que haya establecido la existencia de corrupción.
CRONOLOGÍA DEL CASO
¿DESFALCO, CORRUPCIÓN O IRREGULARIDADES?
La respuesta periodística responsable requiere separar tres conceptos.
Primero: existen observaciones y posibles daños a la Hacienda Pública documentados por órganos fiscalizadores.
Segundo: existen procedimientos de responsabilidad administrativa y denuncias que han llegado a distintas autoridades.
Tercero: existen acusaciones de delitos, como ejercicio ilícito del servicio público o cohecho, pero una acusación o carpeta de investigación no equivale a una sentencia condenatoria.
Por ello, hasta el momento no resulta jurídicamente correcto afirmar que Abelina López Rodríguez haya sido condenada por todos los montos señalados ni que los 282 millones de pesos constituyan, por sí mismos, un desfalco probado.
Lo que sí puede sostenerse documentalmente es que su administración ha acumulado una cadena de observaciones fiscales y procedimientos que abarcan prácticamente todo el periodo auditado, particularmente los ejercicios 2021, 2022, 2023 y 2024.
EL DATO QUE CAMBIA LA LECTURA
La controversia más reciente resulta especialmente significativa.
Mientras la alcaldesa sostiene que las observaciones no deben llamarse “desfalco”, la ASF mantiene procedimientos derivados de diversos hallazgos.
La diferencia entre ambas posiciones es precisamente el centro del debate:
Para la fiscalización: existen recursos cuya utilización debe aclararse, comprobarse o solventarse.
Para la alcaldesa: las observaciones forman parte del proceso ordinario de auditoría y no prueban por sí mismas la existencia de un desfalco.
La resolución definitiva de cada procedimiento será la que determine cuáles observaciones quedan solventadas, cuáles generan responsabilidades administrativas y, eventualmente, cuáles pueden derivar en responsabilidades civiles o penales.
CONCLUSIÓN
Abelina López Rodríguez enfrenta un expediente político y administrativo considerablemente más amplio que una sola acusación.
Desde 2021 aparecen observaciones federales; en 2022 surgieron señalamientos millonarios de la auditoría estatal; en 2023 se produjo la controversia por casi 900 millones de pesos; en 2024 la ASF detectó nuevamente observaciones superiores a 206 millones; en 2025 llegaron denuncias y procedimientos políticos; y en 2026 apareció una investigación por presunto cohecho, mientras nuevas cifras de fiscalización colocaron nuevamente bajo escrutinio los ejercicios de su administración.
El denominador común no es que todos esos montos sean “desfalcos comprobados”. El denominador común es la repetición de observaciones, requerimientos de documentación, procedimientos administrativos y controversias sobre el manejo y comprobación de recursos públicos.
En una democracia, la pregunta central no es solamente cuánto dinero fue observado, sino cuánto fue efectivamente solventado, cuánto permanece pendiente, quién fue señalado como responsable, qué autoridad tiene competencia para investigarlo y qué resoluciones definitivas existen sobre cada expediente.
Ese es, precisamente, el expediente que todavía está por cerrarse.
Nota editorial:
Evité presentar como hechos consumados delitos que las fuentes describen como presuntos, y también separé los montos observados de los que realmente podrían terminar como daños al erario. Eso hace que la nota sea mucho más defendible periodísticamente y evita convertir una auditoría en una condena.
